Comienza un año que para los países de la Comunidad Económica Europea
está marcado por el objetivo de adecuar los Presupuestos a las exigencias del
Tratado de Maastricht para el cumplimiento de los criterios de convergencia
en los plazos previstos. Esos Presupuestos se caracterizan por un fuerte recorte
del gasto público, lo que comporta una restricción en la demanda interna y en
el volumen del comercio intracomunitario y en la generación de empleo.
Ello viene impuesto por una misma política deflacionista que tiene como meta
reducir déficit público vía gasto, complementado con una venta masiva de
patrimonio público con el objetivo de mejorar los ingresos, y una
desregulación normativa del mercado de trabajo persiguiendo una
disminución de la inflación. Por otra parte, no parece que vaya a crecer el
presupuesto comunitario ni puedan mejorar los fondos destinados a aliviar la
situación de los territorios con mayores desequilibrios.
Esto se materializa en nuestro país por el incremento de la regresividad fiscal,
au
m
entando los i
m
puestos especiales y la regresión de la progresividad fiscal
,
así
co
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o el au
m
ento de una serie de nuevas tasas aco
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pañado de una refor
m
a en la
escala de tributación del
IRPF
y la continuación de la desregulación econó
m
ica
con una finalidad clara
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ente antisocial
. S
e co
m
ple
m
enta esto con las privatiza-
ciones y el ajuste duro del sector público
,
inspirado en una filosofía neoliberal que
declara que el
E
stado no debe intervenir en el proceso de producción
,
y sin voluntad
de efectuar un control de sectores productivos esenciales y estratégicos para la
nuestra economía nacional
,
ni la necesaria atención al
m
anteni
m
iento de e
m
presas
que por su envergadura pueden ser capaces de plantear iniciativas alternativas a
las directrices
m
arcadas por las grandes
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ultinacionales
,
y que ade
m
ás resultan
necesarias por su incidencia social y territorial
. S
in atender a estas considera-
ciones el Gobierno del Sr. Aznar prosigue la política de venta de patrimonio
público rentable iniciada durante la etapa de gobierno de Felipe González.
Todo hace temer que el capital transnacional acabe haciéndose con el control
de los sectores puntales de la industria española.
La sustitución de los créditos por avales a las empresas publicas y la
restricción de 100.000 millones en las ayudas previstas a las empresas
públicas, aumentan el elevado coste que esto supone en desmantelamiento
industrial para el conjunto del Estado y más para una Comunidad Autonómica
como Asturias. Estos presupuestos provocarán un impacto de una fuerte
restricción en la inversión pública, junto a la congelación de los salarios
comportando un elevado saldo negativo en estancamiento de la actividad
económica y pérdida de empleo.
En nuestro país los objetivos macroeconómicos y parámetros económicos de
convergencia fijados impondrán políticas de ajuste más duras para llegar a los
mismos objetivos y en el mismo plazo que nuestros socios comunitarios
partiendo de un mayor desequilibrio y menor desarrollo productivo y
tecnológico. Los objetivos en cuestión quizá no sean alcanzados ni por España
ni por los demás países de la C.E.E., pero lo que sí es seguro es que mientras
tanto la regresividad fiscal, la desregulación del mercado laboral, la
disminución de las prestaciones y encarecimiento de servicios públicos se
traducirán en una disminución del escaso «Estado de Bienestar» de que
disfrutamos, y se pretenderá que asumamos esa pérdida como inevitable. Si tal
es la dificultad para el conjunto de España, lo es mucho mayor para
comunidades como Asturias, precipitada en un declive económico y social
tras la reconversiones industriales sufridas que dejaron a nuestra región a un
paso del desplome y la regresión demográfica, que se verán acelerados por
este nuevo ajuste presupuestario.
Asimismo, al amparo del Pacto de Toledo, y apoyado en un acuerdo con los
sindicatos, el Gobierno del PP, en vez de consolidar y desarrollar el modelo
público de pensiones, busca reducir un gasto social ya insuficiente, disminuye
los impuestos sobre capital, fomenta los planes y fondos de pensiones
privados y privatiza el patrimonio público. El núcleo duro de la propuesta del
Gobierno lo constituye la ampliación de 8 a 13 años del período de cálculo de
la base reguladora, así como la modificación a la baja del porcentaje aplicado
a dicha base reguladora, en base al falso argumento de la crisis financiera del
sistema de pensiones. Estas medidas, que repercutirán negativamente sobre la
pensión media, suponen un recorte importante del orden del 16 al 20% en la
pensión futura de muchos trabajadores, y más sobre el colectivo de las
mujeres trabajadoras en cuya carrera laboral tienen más incidencia los
períodos inactivos, y cuando trabaja lo hace en su mayoría a tiempo parcial.
A estos efectos socioeconómicos de la política del PP hay que añadir los de
carácter sociopolítico. A la vez que asistimos a una regresión sin precedentes
en los contenidos sociales avanzados de la Constitución Española, se está
produciendo también un deterioro de sus contenidos democráticos. Se está
consagrando una situación de hecho en la que parece estar en vigor una
versión descafeinada de la Constitución, una variedad de democracia mínima
basada en una filosofía neoliberal. Véase en este sentido la matización que
distingue derechos fundamentales de otros derechos que se hacen depender de
las disponibilidades presupuestarias, como son todos los derechos sociales.
Tal reinterpretación persigue la legitimación de la amputación del estado
social contemplado en nuestro texto constitucional bajo los postulados del
neoliberalismo y la convergencia europea.
En otro orden de cosas es evidente la decisión del Gobierno del Sr. Aznar, en
connivencia con otras instituciones del Estado, de poner “punto final” sin la
pertinente acción de la Justicia, al tema del terrorismo de Estado (GAL) y uso
indebido de fondos públicos reservados. Este afán de sustraer de la acción de
la Justicia a altos personajes de la anterior administración supone un atentado
al Estado de Derecho consagrado constitucionalmente. El mismo tipo de razón
de Estado parece presidir también los proyectos gubernamentales sobre la ley
de secretos oficiales, la video-vigilancia y otros. En este sentido, como en
otros muchos, el cambio de partido gobernante producido a raíz de las
elecciones de marzo del pasado año no sólo no significó un avance en la
necesaria regeneración política, sino que con la persistencia de la degradación
del Estado y sus instituciones, la aceptación y connivencia con la guerra sucia,
la no depuración de las responsabilidades anteriores, y el no establecer normas
y comportamientos para evitar en el futuro este tipo de anomalías, está
constituyendo una flagrante y continuada violación de la Constitución que
equivale a un golpe de Estado permanente. La vulneración del Referéndum de
la OTAN es otra muestra más de conculcación de los valores democráticos,
máxime si se pretende legitimar desde la Jefatura del Estado.
Otro terreno en el que está teniendo efectos muy dañinos la política
conservadora del PP es el del modelo de Estado. El modelo Autonómico
Constitucional, que junto al reconocimiento de la identidad y los derechos
políticos históricos, pretendía la democratización del Estado Centralista y
autoritario, se ve sometido a una revisión derivada de los pactos del Gobierno
con fuerzas nacionalistas conservadoras acentuando la diferencia entre
Comunidades Autonómicas. El modelo autonómico deriva hacia un modelo de
Confederación para unos y descentralización para otros, dinamitando de hecho
el autogobierno de las Comunidades “no históricas” que se convierten en
regiones administrativas por el escaso nivel de competencias que se les asigna,
y por las barreras para su institucionalización política.
Contribuye todo esto a alejar la posibilidad de adoptar un modelo de
financiación equilibrado y solidario para todos, lo que imposibilitará también
el desarrollo de reformas como la prevista para configurar el Senado como
Cámara territorial. También en este tema le toca a nuestra Asturias
encontrarse entre las Comunidades Autonómicas perjudicadas.
